La contratación de servicios legales especializados para la representación y defensa del Estado dominicano en un procedimiento de arbitraje de inversión, gestionada por el Ministerio de Cultura, que dirige Roberto Ángel Salcedo, ha generado interrogantes y suspicacias debido al monto involucrado y al mecanismo utilizado para su ejecución.
De acuerdo con documentos oficiales del proceso CULTURA-CCC-PEOR-2026-0001, la contratación se realizó bajo la modalidad de proceso de excepción, con un monto estimado de 1,003,000 dólares estadounidenses, equivalente a más de RD$59 millones, según la tasa de cambio aproximada actual.
El expediente señala que la solicitud fue tramitada por el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura y tiene como objetivo la contratación de asesoría legal especializada para la defensa del Estado en un arbitraje de inversión, un tipo de procedimiento que suele implicar litigios de alto nivel y costos significativos.
Diversos sectores han manifestado preocupación por el uso de procesos de excepción, un mecanismo que, aunque está contemplado en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, reduce los niveles de competencia abierta en comparación con las licitaciones ordinarias, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos.
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