El canciller dominicano Roberto Álvarez defendió este miércoles el acuerdo de cooperación firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para la recepción de terceros nacionales con órdenes de deportación, asegurando que la decisión responde a una relación de colaboración bilateral y no a presiones políticas.
Durante una rueda de prensa, Álvarez afirmó que el Gobierno dominicano actúa con plena soberanía al evaluar las solicitudes realizadas por países aliados.
“El Gobierno dominicano recibe solicitudes de parte de todos sus socios. No recibe presiones”, expresó el funcionario al responder preguntas sobre las críticas surgidas tras el anuncio del acuerdo. El ministro indicó que República Dominicana decide de manera independiente cuáles solicitudes acepta, tomando en cuenta factores de soberanía y seguridad nacional.
Álvarez explicó además que el memorándum firmado con Estados Unidos no incluye ciudadanos haitianos y señaló que el convenio puede ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento, ya que no posee carácter vinculante. “Nosotros no teníamos motivo alguno para decirle que no a Estados Unidos”, manifestó el canciller, quien calificó el acuerdo como un asunto principalmente logístico dentro de la cooperación habitual entre ambas naciones. El funcionario destacó que Estados Unidos ha respaldado a República Dominicana en temas estratégicos, especialmente en los esfuerzos diplomáticos relacionados con la crisis en Haití.
Según explicó, Washington apoyó la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución que permitió crear una fuerza internacional para enfrentar las pandillas haitianas y estabilizar la situación en el vecino país.
Álvarez también mencionó beneficios obtenidos por República Dominicana en su relación bilateral con Estados Unidos, entre ellos la inclusión del país en el programa Global Entry, que facilita el ingreso rápido de viajeros autorizados a territorio estadounidense.
En cuanto al uso de instalaciones aeroportuarias dominicanas por parte de personal estadounidense, el canciller informó que el permiso para operaciones en el Aeropuerto de Las Américas y la Base Aérea de San Isidro estará vigente hasta el 31 de octubre, con posibilidad de extensión.
El ministro aclaró que Estados Unidos deberá notificar previamente cualquier utilización de esos espacios.
Sobre las críticas relacionadas con la falta de aprobación congresual, Álvarez sostuvo que el documento firmado corresponde a un memorándum de entendimiento y no a un tratado internacional, por lo que no requería pasar inicialmente por el Congreso Nacional ni por el Tribunal Constitucional.
No obstante, aseguró estar dispuesto a comparecer ante el Congreso para explicar el alcance del acuerdo.
“Aquí no hay nada que esconder; esto es completamente transparente”, afirmó el canciller.
