Asunción, Paraguay. – La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó una modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia que aumenta las penas de privación de libertad para adolescentes involucrados en delitos considerados graves, en una decisión que busca fortalecer las sanciones penales sin dejar de lado los procesos de reinserción social.
La iniciativa, aprobada por mayoría legislativa, establece que los adolescentes a partir de los 14 años que sean hallados responsables de hechos punibles calificados como crímenes podrán enfrentar penas más severas que las contempladas actualmente por la legislación paraguaya.
Con la votación favorable de la Cámara Baja, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para que el presidente Santiago Peña decida si promulga o veta la normativa.
Durante el proceso legislativo, los diputados optaron por respaldar la versión originalmente aprobada por ese organismo y rechazaron modificaciones introducidas posteriormente por el Senado. La propuesta forma parte de un debate nacional sobre la respuesta del sistema judicial ante delitos graves cometidos por menores de edad.
Según los argumentos presentados por los promotores de la reforma, existe una creciente preocupación ciudadana respecto a la proporcionalidad entre ciertos delitos de alta gravedad y las sanciones actualmente previstas para adolescentes infractores.
La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Dalia Estigarribia, explicó que la iniciativa busca encontrar un balance entre la necesidad de aplicar sanciones adecuadas y la obligación del Estado de garantizar oportunidades de rehabilitación y reintegración social para los jóvenes involucrados en actos delictivos.
La legisladora señaló que la propuesta contempla mecanismos que permiten evaluar cada caso de manera individual, considerando factores agravantes y las circunstancias específicas de los hechos investigados. Asimismo, destacó que el objetivo no es únicamente castigar, sino también promover procesos educativos y de acompañamiento que reduzcan la reincidencia.
El debate sobre el endurecimiento de las penas juveniles tomó fuerza en Paraguay tras varios casos criminales de alto impacto que generaron una amplia discusión pública sobre la responsabilidad penal de los adolescentes y la efectividad del sistema de justicia especializado.
Entre los antecedentes que impulsaron la discusión legislativa figura la investigación de delitos graves ocurridos en 2025, en los que estuvieron involucrados menores de edad y que provocaron una fuerte reacción social.
Actualmente, la legislación paraguaya permite que adolescentes entre 14 y 17 años sean sometidos a medidas privativas de libertad, aunque estas deben cumplirse en centros especializados para menores y bajo un régimen diferenciado del sistema penitenciario para adultos.
Con esta reforma, las autoridades buscan fortalecer la capacidad del sistema judicial para responder a delitos de mayor gravedad, manteniendo al mismo tiempo el enfoque de protección, educación y reinserción que caracteriza a la justicia juvenil.
La decisión final sobre la entrada en vigor de la medida quedará ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá evaluar el proyecto antes de proceder con su promulgación o eventual devolución al Congreso.
