El director de Persecución del Ministerio Público aseguró que al menos tres estructuras habrían operado en perjuicio del Seguro Nacional de Salud. Además, indicó que continúan abiertas varias líneas investigativas y que no descarta nuevas fases del caso.
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este miércoles que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) habría sido afectado por al menos tres presuntas estructuras de corrupción, entre ellas la que operaba en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), caso que recientemente fue llevado ante los tribunales.
Durante una entrevista en el programa El Día, Camacho explicó que el expediente relacionado con el IORC representa solo una parte de la investigación y que existen otras líneas de pesquisa en curso. En ese contexto, sostuvo que una eventual investigación denominada “Senasa 2.0” sigue siendo una posibilidad concreta, aunque advirtió que podría no ser suficiente para abarcar a todos los involucrados.
“Nosotros no estamos convencidos de que un Senasa 2.0 sea suficiente para abarcar todas las personas que han sido involucradas”, expresó.
La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en este caso fue aplazada para el próximo 19 de junio. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato.
Camacho señaló que las investigaciones han revelado prácticas que calificó de graves irregularidades en el manejo de medicamentos para pacientes con cáncer. Según explicó, algunos tratamientos eran fraccionados para ser utilizados en más de un paciente, aunque a cada uno se le facturaba el costo completo del medicamento.
“Se tomaba un medicamento, se administraba una parte al paciente, se guardaba la otra parte y luego se utilizaba para un segundo o un tercer paciente. Sin embargo, a cada paciente se le cobraba el medicamento completo”, indicó.
Asimismo, aseguró que en ciertos casos se facturaban medicamentos originales mientras a los pacientes se les suministraban versiones genéricas o de menor costo, generando diferencias económicas que presuntamente favorecían a la estructura investigada.
En otro tema, el director de Persecución confirmó que el Ministerio Público apelará la decisión que otorgó auto de no lugar a varios imputados en el caso relacionado con una presunta estafa al Estado superior a los 19 mil millones de pesos, entre ellos el excandidato presidencial Gonzalo Castillo y el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.
Camacho sostuvo que la investigación contenía elementos suficientes para que las acusaciones fueran ventiladas en un juicio de fondo. Indicó que el expediente se apoyó en diversas líneas de investigación vinculadas a expropiaciones de terrenos, pago de deudas administrativas y otros mecanismos que, según la acusación, fueron utilizados para desviar recursos públicos.
El funcionario reiteró que la apelación será presentada dentro de los plazos establecidos por la ley y defendió la fortaleza de las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Respecto al proceso judicial que enfrenta el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, Camacho afirmó que ningún imputado sometido por el Ministerio Público ha realizado más acciones para retrasar su caso.
“No ha habido un solo imputado de los que nosotros hemos tenido que haya hecho más gestiones para retrasar su caso que Jean Alain Rodríguez”, manifestó.
Según explicó, la estrategia ha consistido en la presentación reiterada de incidentes con el objetivo de prolongar el proceso judicial y eventualmente procurar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo.
Al hacer un balance de los esfuerzos anticorrupción desde 2020, Camacho informó que el Ministerio Público ha ejecutado 36 grandes operaciones contra estructuras criminales, de las cuales 11 corresponden a casos de corrupción administrativa.
De acuerdo con sus declaraciones, estas investigaciones han derivado en alrededor de 95 condenas contra personas físicas y jurídicas. También destacó la recuperación de miles de millones de pesos mediante acuerdos de colaboración y decomisos de bienes, recursos que, según afirmó, han sido reincorporados al patrimonio del Estado.
