SANTO DOMINGO – En una decisión que marca un rotundo retroceso, el pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) dejó sin efecto la resolución que autorizaba un incremento salarial de hasta un 50 % para sus miembros. La medida se produce tras una intensa ola de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil y la opinión pública, quienes calificaron el ajuste como «desproporcionado» frente al contexto económico actual.
El alcance de la resolución anulada
La disposición, contenida originalmente en la Resolución núm. ADM-2026-017, pretendía modificar el Manual Unificado de Políticas de Compensación del órgano. El argumento principal del pleno era el reconocimiento a la «dedicación exclusiva» y las «jornadas extraordinarias» de sus integrantes.
De haberse ejecutado, los salarios habrían experimentado los siguientes cambios con carácter retroactivo a febrero de 2026:
- Presidencia (Emma Polanco Melo): El sueldo se habría disparado de RD$423,500 a más de RD$630,000 mensuales.
- Miembros del Pleno: Los salarios actuales, que rondan los RD$379,000, habrían ascendido hasta los RD$570,000.
Unanimidad y ajustes en beneficios
A pesar de que la medida fue aprobada a unanimidad por los cinco integrantes del pleno —quienes incluso ya habían instruido a las áreas financieras para proceder con los pagos—, el rechazo colectivo forzó la revocación.
La resolución no solo contemplaba el aumento, sino que también aplicaba ajustes en otros beneficios bajo la premisa de vincular el ingreso únicamente a la productividad. Estos incluían:
- Eliminación del bono por antigüedad.
- Suspensión del incentivo vacacional.
Impacto y debate ético
La decisión de dar marcha atrás busca mitigar el daño reputacional al órgano encargado de fiscalizar los recursos públicos. El intento de aumento colocaba a los miembros de la Cámara de Cuentas entre los funcionarios mejor remunerados del Estado, superando la media del sector público y reabriendo el debate sobre la necesidad de una Ley General de Salarios que establezca topes rigurosos y evite los «autoincrementos» en organismos autónomos.
