El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) enfrenta una oleada de críticas tras el inicio del proceso de evaluación y selección de jueces para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Diversos actores jurídicos y sociales advierten falta de transparencia, criterios poco claros y posibles presiones políticas que podrían afectar la legitimidad del proceso.
La polémica se intensificó luego de que se hiciera pública una carta de la jueza Katia Miguelina Jiménez, donde expresa preocupaciones sobre el funcionamiento interno del CNM y sus métodos de evaluación. Según analistas, sus planteamientos no deben ser ignorados, ya que apuntan a deficiencias institucionales que podrían comprometer la credibilidad del sistema judicial.
“El contenido de esa acta no era para menos”, señalaron representantes de la sociedad civil, quienes insistieron en que el CNM tiene la alta responsabilidad de escoger a quienes impartirán justicia en las cortes más importantes del país. Por ello, exigen un cambio en las prácticas actuales, a fin de fortalecer la institucionalidad y garantizar transparencia en todo el proceso.
El presidente del Colegio de Abogados coincidió en que, aunque el CNM está actuando dentro de sus facultades legales, la carta de la jueza Jiménez debe ser tomada en cuenta como una advertencia seria. Indicó que el planteamiento de la magistrada “es positivo” y debería motivar una revisión interna de los mecanismos utilizados en la evaluación.
Por su parte, el ex procurador Francisco Domínguez Brito fue más contundente al advertir que el señalamiento de la jueza podría anticipar que futuras designaciones estén influenciadas por intereses políticos, debilitando la independencia del Poder Judicial.
Mientras tanto, organizaciones como Participación Ciudadana y FINJUS siguen pidiendo que el CNM haga público el detalle de los criterios de evaluación y que permita observación externa en el proceso.
El país observa con atención este proceso, clave para la justicia y la democracia. La legitimidad de las Altas Cortes no solo depende de la ley, sino de la confianza ciudadana en la forma en que se eligen sus integrantes.
