La Fundación Institucionalidad y Justicia respaldó la decisión de la Cámara de Cuentas de dejar sin efecto los aumentos salariales y beneficios adicionales que habían sido aprobados para sus miembros, al considerar que se trata de una medida prudente y alineada con los principios del Estado de derecho.
La fundación explicó que la disposición inicial generó un amplio debate en la opinión pública y en distintos sectores institucionales, debido a que podía interpretarse como una contradicción con las normas que regulan el control del gasto público, así como con el rol de los órganos responsables de fiscalizar los recursos del Estado.
En ese sentido, la entidad enfatizó que decisiones de este tipo, cuando provienen de organismos encargados de supervisar el uso de fondos públicos, pueden debilitar la confianza ciudadana, especialmente si se perciben como acciones que benefician directamente a quienes ejercen funciones de control.
Asimismo, advirtió que este tipo de situaciones coloca en tensión principios fundamentales como la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la administración pública, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
La Fundación Institucionalidad y Justicia sostuvo que la rectificación por parte de la Cámara de Cuentas contribuye a fortalecer la institucionalidad, al demostrar capacidad de revisión frente a cuestionamientos legítimos de la sociedad.
Finalmente, reiteró la importancia de que todos los organismos públicos actúen con estricto apego a la ley, la prudencia administrativa y el interés colectivo, a fin de garantizar una gestión responsable de los recursos públicos y preservar la credibilidad de las entidades encargadas de fiscalizar.
