Un jurado en Los Ángeles determinó que las plataformas digitales Meta y YouTube son responsables de los daños sufridos por una joven debido al diseño adictivo de sus servicios, en un veredicto que podría tener amplias repercusiones para la industria tecnológica.
El tribunal ordenó a ambas compañías pagar un total de 6 millones de dólares en indemnizaciones. De esa cifra, 3 millones corresponden a daños compensatorios y otros 3 millones a daños punitivos, tras concluir que las empresas actuaron con negligencia en la forma en que diseñaron y operaron sus plataformas.
El caso fue presentado por una joven identificada en documentos judiciales como K.G.M., conocida durante el juicio como Kaley. Según su testimonio, comenzó a utilizar YouTube cuando tenía apenas seis años y más tarde se unió a Instagram a los nueve años, incluso después de que su madre intentara impedir su acceso.
Durante el juicio, Kaley explicó que el uso constante de las redes sociales afectó profundamente su autoestima y su vida diaria. Según declaró ante el jurado, el tiempo que pasaba en estas plataformas la llevó a abandonar actividades que antes disfrutaba, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con otros usuarios.
Los jurados concluyeron que Meta y YouTube sabían —o debían haber sabido— que sus plataformas representaban un riesgo para menores de edad. Además, determinaron que las compañías no advirtieron adecuadamente a los usuarios sobre esos peligros.
El veredicto también estableció el grado de responsabilidad de cada empresa. El jurado atribuyó a Meta el 70 % de la responsabilidad por los daños sufridos por la demandante, lo que equivale a 2,1 millones de dólares de los daños compensatorios. YouTube fue considerada responsable del 30 % restante, equivalente a 900.000 dólares.
En una segunda fase del juicio, el jurado decidió imponer daños punitivos adicionales después de concluir que ambas compañías actuaron con malicia, opresión o fraude en relación con el diseño de sus plataformas.
Los abogados de la demandante argumentaron que características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes y los contadores de “me gusta” fueron diseñadas deliberadamente para fomentar un uso compulsivo, especialmente entre usuarios jóvenes.
Las compañías tecnológicas rechazaron las conclusiones del tribunal y anunciaron que apelarán el veredicto.
Un portavoz de YouTube, propiedad de Google, afirmó que el caso “malinterpreta la naturaleza de la plataforma”, señalando que el servicio funciona principalmente como una plataforma de streaming de video y no como una red social tradicional.
Por su parte, Meta indicó que “respeta el proceso judicial”, pero aseguró no estar de acuerdo con el fallo. La empresa argumentó que la salud mental de los adolescentes es un fenómeno complejo que no puede atribuirse únicamente al uso de una aplicación.
Este caso forma parte de una creciente ola de demandas presentadas contra compañías tecnológicas por el impacto que sus plataformas pueden tener en la salud mental de los jóvenes. Actualmente existen más de mil demandas similares pendientes en tribunales de Estados Unidos.
El resultado de este juicio podría fortalecer la posición de otros demandantes y aumentar la presión sobre las empresas de tecnología para modificar el diseño de sus plataformas.
Expertos del sector advierten que, aunque el monto de la indemnización es relativamente pequeño para compañías del tamaño de Meta y YouTube, el verdadero impacto podría surgir si los tribunales obligan a las empresas a rediseñar sus productos para reducir el potencial de adicción.
De hecho, otros casos similares ya están avanzando en tribunales estadounidenses. Un jurado en Nuevo México recientemente también declaró responsable a Meta por poner en riesgo a menores al permitir que depredadores se aprovechen de usuarios jóvenes en sus plataformas, otorgando una indemnización de 375 millones de dólares.
Analistas señalan que si los tribunales comienzan a exigir cambios estructurales en el funcionamiento de las redes sociales, el modelo de negocio de muchas plataformas digitales podría enfrentar uno de sus mayores desafíos legales hasta ahora.
