SANTO DOMINGO. – El Senado de la República inició el estudio de un proyecto de ley que propone prohibir de manera estricta la entrega de recursos públicos a las organizaciones políticas que reciban financiamiento proveniente del narcotráfico o el crimen organizado.
La pieza legislativa, impulsada originalmente por la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), busca modificar la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para blindar el sistema democrático contra el ingreso de capitales ilícitos.
Restricción inmediata de recursos
El aspecto más contundente de la propuesta se encuentra en el artículo 72, el cual establece que las agrupaciones ligadas «directa o indirectamente» al crimen organizado perderán el derecho a disponer del presupuesto asignado por la Junta Central Electoral (JCE).
A diferencia de otras faltas administrativas donde la JCE podría otorgar un «plazo razonable» para subsanar errores, el proyecto estipula que no habrá prórrogas ni flexibilidad cuando se detecten:
- Contribuciones prohibidas o ilícitas.
- Aportes no trazables u ocultamiento del aportante final.
- Incumplimientos que comprometan la integridad del financiamiento político.
En caso de detectarse estas irregularidades, los fondos que correspondían al partido serían reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro.
Creación de «Oficiales de Cumplimiento»
Para prevenir la infiltración de dinero mal habido, la iniciativa obliga a las entidades políticas a designar a un «oficial» o crear una unidad especializada de supervisión. Este equipo tendrá la responsabilidad de:
- Analizar e identificar el origen de todos los recursos externos recibidos.
- Gestionar alertas sobre operaciones inusuales o sospechosas.
- Prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dentro de la estructura partidaria.
Obligación de reportar y devolver
El proyecto también establece un protocolo de respuesta inmediata en el artículo 64. Si un partido detecta que ha recibido fondos ilícitos, estará obligado a devolver el dinero de forma inmediata y reportar la operación sospechosa ante la JCE y las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.
Con esta iniciativa, las bancadas oficialistas buscan elevar los niveles de transparencia y responsabilidad de los partidos frente a la sociedad, estableciendo consecuencias financieras directas para quienes permitan la entrada de recursos provenientes de la criminalidad organizada.
