Con declaratoria de urgencia y el voto favorable de todos los legisladores presentes, el Senado de la República aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina las sanciones penales contra alcaldes y autoridades municipales por violaciones a la distribución del presupuesto.
La iniciativa modifica disposiciones vigentes que establecían consecuencias penales para los funcionarios municipales que no cumplieran con los porcentajes fijados por ley en la asignación de los recursos, especialmente los destinados a inversión, servicios municipales y gastos administrativos.
El proyecto, sometido por el senador oficialista Aneudy Ortiz, también contempla la eliminación del tope del 30 % que limitaba los pagos destinados al personal fijo y contratado en los ayuntamientos.
En su lugar, la normativa propone un nuevo margen de hasta un 75 %, que no solo abarcaría la nómina, sino también los recursos utilizados para la realización de actividades, así como para el funcionamiento y mantenimiento de los servicios municipales.
La aprobación de esta ley ha generado expectativa y debate en torno a la flexibilización del uso de los recursos municipales y su impacto en la transparencia y eficiencia de la gestión local.
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