La negativa del Gobierno dominicano de aplicar el ajuste por inflación a la escala exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas provocará que los asalariados formales pierdan alrededor de RD$13,764.3 millones durante el presente año, una cifra que se proyecta será aún mayor en el 2026.
Este “sacrificio fiscal”, como lo califican expertos tributarios, se deriva del incumplimiento del Párrafo único del Artículo 296 y del Artículo 327 del Título II del Código Tributario (Ley 11-92), que establecen la obligación del Estado de ajustar cada año la escala impositiva del ISR en función de la inflación acumulada.
Sin embargo, desde hace años, esa disposición legal ha sido suspendida de manera sistemática mediante la inclusión en la Ley de Presupuesto General del Estado de un artículo que deja sin efecto la aplicación del ajuste inflacionario, afectando así el poder adquisitivo de los trabajadores formales.
El monto exento vigente, que no se actualiza desde 2017, permanece en RD$34,685 mensuales (equivalente a RD$416,220 anuales). Esto implica que cada aumento salarial o reajuste inflacionario empuja a más trabajadores a pagar impuestos sobre ingresos que en la práctica no representan un incremento real de su poder de compra.
De acuerdo con los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al mes de agosto de este año, unos 800 mil asalariados se ven afectados por esta situación, a quienes se les retienen en la fuente miles de millones de pesos adicionales debido al no ajuste por inflación.
Diversos economistas y sectores laborales han advertido que esta práctica constituye una “forma encubierta de aumentar la carga tributaria”, pues el Estado recauda más sin necesidad de elevar formalmente las tasas del impuesto.
Mientras tanto, el costo de la vida continúa en ascenso, reduciendo el ingreso disponible de las familias dominicanas y acentuando la desigualdad entre el sector formal e informal de la economía.
