La iniciativa busca fomentar la asistencia inmediata a personas en riesgo y penalizar la difusión de imágenes cuando se omita contactar a los servicios de emergencia.
Una propuesta legislativa depositada en la Cámara de Diputados plantea establecer consecuencias legales para quienes, ante una situación de emergencia, decidan grabar, fotografiar o compartir imágenes de personas en peligro sin haber realizado previamente una notificación a las autoridades competentes.
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Elida Yalis Soto, procura fortalecer la responsabilidad ciudadana en escenarios donde la vida o la integridad física de una persona se encuentre amenazada. El proyecto considera inapropiado priorizar la obtención de contenido audiovisual sobre la asistencia oportuna a las víctimas.
De convertirse en ley, la normativa contemplaría multas, jornadas de servicio comunitario y otras medidas correctivas para quienes incumplan con las obligaciones establecidas. Además, prevé sanciones más severas en aquellos casos en que la omisión de ayuda contribuya al deterioro de la condición de la víctima o tenga consecuencias fatales.
La propuesta abarcaría diversos escenarios de riesgo, incluyendo accidentes de tránsito, episodios de violencia, emergencias médicas, fenómenos naturales y cualquier circunstancia en la que exista peligro inminente para la vida o la salud de una persona.
Entre los deberes establecidos figura la obligación de contactar de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 cuando se presencie un hecho de esta naturaleza. Asimismo, se exhorta a permanecer en el lugar, siempre que no represente un riesgo para quien auxilia, y a ofrecer asistencia básica dentro de las capacidades y conocimientos de cada ciudadano. El texto también prohíbe retirarse de la escena dejando a una persona en estado crítico sin haber realizado al menos la notificación correspondiente a los organismos de socorro, siempre que existan condiciones razonables para hacerlo.
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la incorporación de una figura de protección legal para los llamados “Buenos Samaritanos”. Bajo este esquema, quienes intervengan de buena fe para ayudar a una víctima quedarían exentos de responsabilidad civil o penal por daños involuntarios ocasionados durante su actuación, siempre que no hayan actuado con negligencia grave o imprudencia.
La propuesta crea además el protocolo nacional denominado “Salvar Vidas”, una guía de actuación que contempla identificar riesgos, alertar a los servicios de emergencia, evaluar la situación de la víctima, evitar movimientos innecesarios que puedan agravar lesiones, brindar apoyo dentro de las posibilidades de cada persona y preservar la dignidad de los afectados evitando la grabación o difusión de imágenes.
Adicionalmente, el proyecto ordena al Estado desarrollar campañas educativas sobre respuesta ante emergencias, promover la capacitación en primeros auxilios e incorporar estos conocimientos en los programas de enseñanza.
La iniciativa permanece actualmente bajo evaluación de la comisión de Presidencia de la Cámara de Diputados y está a la espera de un informe que permita su discusión y eventual conocimiento por parte del pleno legislativo.
