Presidente Luis Abinader ordena detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan
El mandatario dice que este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia
Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, en una decisión que reafirma el compromiso de su Gobierno con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad de la ciudadanía.
«Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia», manifestó
En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario dijo que esta decisión responde a que según la ley 64-00 de medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.
«Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010.
Posteriormente en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación.
Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro», explicó el presidente Abinader.
SAN JUAN DE LA MAGUANA. – En respuesta a las crecientes protestas y tras una multitudinaria marcha ciudadana, el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan.
La decisión fue anunciada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde enfatizó que su gestión se rige por el principio de escuchar a la ciudadanía. «Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad. Cuando la población expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con prudencia», manifestó el jefe de Estado.
Cumplimiento de la Ley 64-00
El Ejecutivo fundamentó la paralización del proyecto en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según explicó Abinader, los reglamentos vigentes establecen que si una iniciativa de esta categoría cuenta con el rechazo masivo de la población, carece de la viabilidad social necesaria para su ejecución.
El mandatario aclaró que, durante su administración, el proyecto liderado por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp se encontraba exclusivamente en fase de evaluación ambiental, subrayando que nunca se emitió una autorización para la explotación de los yacimientos.
Antecedentes y herencia administrativa
En un ejercicio de transparencia histórica, Abinader precisó que el origen de Romero se remonta a gestiones pasadas:
- 2005 y 2010: Concesiones de exploración otorgadas durante los gobiernos de Leonel Fernández.
- 2015 y 2018: Renovación de permisos y autorización de estudios técnicos bajo el mandato de Danilo Medina.
El detonante: La movilización en el Valle
La orden de detención se produce apenas horas después de que cientos de residentes de San Juan de la Maguana protagonizaran una marcha-caravana. La manifestación, que partió desde el emblemático Arco del Triunfo y culminó en la Presa de Sabaneta, expresó el temor de la comunidad ante el posible impacto ambiental en la Cordillera Central, principal fuente de agua para la región.
Potencial económico vs. Protección ambiental
El proyecto Romero, diseñado como una mina subterránea de oro, cobre y plata, cuenta con reservas estimadas en 1.1 millones de onzas, con un valor de mercado que ronda los 5,000 millones de dólares. Pese a que GoldQuest defendía el modelo subterráneo como una alternativa de bajo impacto frente a la minería a cielo abierto, la preocupación por la seguridad hídrica del Valle de San Juan prevaleció en la decisión gubernamental.
Con esta medida, el Gobierno reafirma que la preservación de los recursos naturales y la paz social son ejes prioritarios frente a las propuestas de inversión extractiva en zonas sensibles del país.
