El Gobierno de Estados Unidos anunció que podría imponer aranceles de hasta un 25 % a diversos productos brasileños a partir del 15 de julio, argumentando que Brasil mantiene prácticas comerciales que considera perjudiciales para los intereses estadounidenses.
La medida forma parte de una investigación iniciada el año pasado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cuestiona políticas relacionadas con servicios de pago electrónico, acceso al mercado del etanol, protección de la propiedad intelectual, acuerdos preferenciales con otros países y controles contra la comercialización de productos falsificados. Aunque la amenaza afecta a numerosos sectores, algunos productos estratégicos como la carne vacuna, el café, las tierras raras, ciertos metales y componentes aeronáuticos quedaron excluidos de las posibles sanciones.
Las autoridades estadounidenses señalaron que, pese a varias rondas de conversaciones entre funcionarios de ambos gobiernos, persisten diferencias importantes que impiden alcanzar un acuerdo. El representante comercial Jamieson Greer afirmó que las negociaciones
continuarán en las próximas semanas con la esperanza de evitar la entrada en vigor de los aranceles. Washington sostiene además que algunos acuerdos comerciales preferenciales firmados por Brasil con países como México e India generan condiciones desventajosas para las empresas estadounidenses, mientras que también cuestiona la eficacia de las medidas brasileñas contra la falsificación de productos.
La respuesta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue desafiante. Durante un acto público, el mandatario destacó que China acaba de autorizar la importación de carne brasileña procedente de todo el territorio nacional tras reconocer al país como libre de fiebre aftosa. Lula utilizó el anuncio para minimizar la presión de Washington y aseguró que Brasil puede ampliar sus mercados si Estados Unidos decide restringir las compras. Además, recordó que la balanza comercial favorece históricamente a Estados Unidos y sostuvo que, en teoría, sería Brasil quien tendría razones para endurecer medidas comerciales y no al contrario.
El conflicto también adquirió un tono político interno. Lula acusó al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de actuar contra los intereses nacionales tras reunirse recientemente con representantes de la administración estadounidense en Washington. Según el mandatario, la coincidencia temporal entre ese encuentro y la amenaza arancelaria genera sospechas sobre una posible influencia política. Flávio Bolsonaro rechazó las acusaciones y afirmó que durante su visita solicitó expresamente que no se aplicaran nuevas tarifas a los productos brasileños, aunque reconoció que la relación entre Trump y Lula atraviesa un momento de fuerte desconfianza.
Mientras tanto, representantes del sector empresarial brasileño intentan reducir la tensión. Tanto la Cámara Americana de Comercio como la Federación de Industrias del Estado de São Paulo consideran que la amenaza aún forma parte de una etapa preliminar y que existe margen suficiente para una solución negociada. Las organizaciones empresariales advirtieron que una guerra comercial tendría consecuencias negativas para ambos países, especialmente en sectores industriales y agrícolas que dependen del intercambio bilateral. Con poco más de un mes antes de la fecha límite fijada por Washington, las negociaciones se perfilan como la última oportunidad para evitar una escalada que podría afectar una de las relaciones comerciales más importantes del continente.
