El Tribunal Constitucional estudia impugnaciones contra diversos artículos de la Ley 74-25, con el artículo 310 como el más cuestionado por organizaciones, gremios y ciudadanos.
SANTO DOMINGO.– A pocos días de que entre en vigor el nuevo Código Penal, el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido 15 acciones directas de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley 74-25, una normativa que sustituirá al código que ha regido el sistema penal dominicano durante más de un siglo.
Las impugnaciones han sido presentadas por instituciones, organizaciones jurídicas, gremios profesionales y ciudadanos, quienes cuestionan diferentes disposiciones de la nueva legislación por considerar que podrían entrar en conflicto con principios y derechos protegidos por la Constitución.
El artículo que concentra el mayor número de recursos es el 310, objeto de al menos siete acciones de inconstitucionalidad. Esta disposición tipifica el delito de ultraje en el ámbito jurisdiccional y contra servidores públicos, estableciendo sanciones para expresiones, escritos, mensajes o gestos considerados ofensivos contra jueces, fiscales y otros funcionarios.
Entre los accionantes figuran el Colegio de Abogados, la Fundación para la Protección de la Libertad de Expresión (FUNPREL), diversas asociaciones del sector jurídico y particulares que solicitan al Tribunal Constitucional revisar la constitucionalidad de ese artículo.
Además del artículo 310, las acciones también cuestionan otras disposiciones relacionadas con temas como la discriminación, la libertad de expresión y distintos derechos fundamentales contemplados en la nueva legislación.
De acuerdo con el estado actual de los expedientes, ocho de las acciones ya fueron conocidas en audiencia y permanecen en estado de fallo, mientras que las siete restantes aún están pendientes de ser conocidas por el pleno del Tribunal Constitucional.
Hasta el momento, el alto tribunal no ha emitido ninguna sentencia definitiva sobre las impugnaciones presentadas, por lo que las decisiones respecto a esos recursos continúan en espera mientras se aproxima la fecha de aplicación del nuevo marco legal.
En paralelo a este proceso judicial, el Poder Ejecutivo dispuso recientemente la creación de una comisión de seguimiento y socialización del nuevo Código Penal. El organismo tendrá la responsabilidad de acompañar la implementación de la normativa, promover su conocimiento entre los distintos sectores y recopilar observaciones sobre su aplicación.
Pese a las acciones de inconstitucionalidad que permanecen bajo estudio, el nuevo Código Penal comenzará a regir la próxima semana. La legislación incorpora más de 70 nuevos tipos penales, además de establecer sanciones más severas para diversos delitos, marcando una de las reformas más amplias del sistema penal dominicano en las últimas décadas.
