Participación Ciudadana ve desafíos en la lucha anticorrupción tras fallo del caso Calamar.

La dirigente respaldó a la Procuraduría y consideró un avance el juicio de fondo para 35 exfuncionarios y empresarios del caso Calamar.

La organización considera que el caso Calamar evidencia interrogantes sobre el papel de las investigaciones y las decisiones judiciales.

Santo Domingo.- Participación Ciudadana afirmó que la reciente decisión judicial que favoreció a varios imputados del caso Calamar refleja los desafíos que aún enfrenta República Dominicana en el combate contra la corrupción.

Leidy Blanco, miembro del Consejo Nacional de la entidad, señaló que el fallo reabre el debate sobre las dificultades que surgen durante el desarrollo de los procesos judiciales relacionados con corrupción administrativa.

La dirigente explicó que aún persisten dudas sobre si las debilidades se originan en la elaboración de los expedientes por parte del Ministerio Público o en la interpretación realizada por los tribunales al momento de emitir sus decisiones.

A pesar de sus observaciones, Blanco sostuvo que el proceso también ha mostrado avances importantes, destacando que varios de los acusados fueron enviados a juicio de fondo para responder ante la justicia por las imputaciones presentadas en su contra.

Entre las personas que continuarán enfrentando el proceso figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros exfuncionarios y particulares vinculados al expediente.

La representante de Participación Ciudadana recordó que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta al considerar insuficientes las pruebas para justificar un juicio en su contra.

Asimismo, indicó que el Ministerio Público anunció que recurrirá la decisión, una medida que forma parte de los mecanismos legales disponibles dentro del proceso.

Blanco consideró que las próximas etapas del caso serán determinantes para evaluar el fortalecimiento institucional y la capacidad del sistema de justicia para responder a las demandas de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad dominicana.

La dirigente también llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta al desarrollo del expediente, al entender que este caso constituye una prueba importante para medir los avances del país en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

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